Alfredo Junior Antoine, a quien la ONU señala como autor intelectual del ataque de Kenscoff, vuelve a presentarse

El registro del CEP no publica ni fecha de nacimiento ni fotografía: siete campos, y nada más. Seis hombres llamados Antoine aspiran a un escaño de diputado. La identificación se basa, por tanto, en la coincidencia del nombre completo, el cargo y el municipio: el mismo que él representó. El panel de control advierte, además, que sus datos «son dinámicos y estrictamente preliminares» y que «la lista oficial y definitiva de los candidatos será publicada por el CEP únicamente después del proceso de verificación y validación de los expedientes». Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 31 de octubre. En el momento de la verificación, el registro contaba con 4 644 candidaturas, de las cuales 1 054 eran para la diputación; cinco hombres aspiran al escaño de Kenscoff.

El informe S/2026/714 dedica cuatro párrafos a Alfredo Junior Antoine. Lo considera responsable de secuestros y detenciones ilegales utilizados para intimidar a adversarios políticos o para apoderarse de bienes. Afirma que planificó ataques con bandas en varios barrios de Kenscoff, que se comunicaba frecuentemente con miembros de Viv Ansanm —incluidos Dady Paul, alias «Didy»— así como con Magalie Habitant, y que mantenía estrechos vínculos con Vitelhomme Innocent, quien también está bajo sanciones. Lo señala como uno de los proveedores de armas, municiones y recursos financieros de Viv Ansanm, a través de un tercero, e indica que se encontraron varias armas ilícitas en su domicilio.

Las notas del informe remiten a entrevistas con varias víctimas, a fuentes confidenciales y a un informe de investigación confidencial de mayo de 2025. Corroboran hechos públicos. La Dirección Central de la Policía Judicial había emitido una orden de búsqueda contra él: el anexo 14 del informe reproduce el aviso, difundido en la página de Facebook de la policía en febrero de 2025. Fue detenido el viernes 4 de abril de 2025 por la tarde, en Morne Calvaire, tras un seguimiento: Le Nouvelliste y Rezo Nòdwès lo informaron ese mismo día. Los cargos presentados fueron conspiración contra la seguridad del Estado, financiación de organizaciones criminales, complicidad en asesinato y asociación de malhechores. Fue puesto en libertad el 9 de mayo de 2025.

«Una protesta formal y solemne»

Alfredo Junior Antoine lo niega todo. El Grupo de Expertos indica haberlo contactado por correo electrónico, haber recibido de él una negación de sus vínculos con las bandas, haber transmitido su respuesta al comité de sanciones, y mantener sus conclusiones.

El 8 de octubre de 2026, al día siguiente de la publicación, sus abogados —los letrados Sonet Saint-Louis, Guérilus Fanfan y Sergot Oreste, del colegio de abogados de Port-au-Prince— dirigieron al Secretario General de las Naciones Unidas, a través de su representante especial en Haití, lo que califican de «protesta formal y solemne». Su cliente, escriben, «rechaza categórica y equívocamente estas imputaciones» y rechaza «toda afirmación que tienda a atribuirle cualquier vínculo, apoyo o financiación» con respecto a una banda o una organización criminal armada; condena la violencia en Haití, «particularmente en Kenscoff». Los abogados reclaman la retirada de los pasajes en cuestión por falta de pruebas, un examen «objetivo y contradictorio», la rectificación de errores fácticos y, a falta de retirada, la publicación de una aclaración.

Su línea pública es constante. En febrero de 2026, instaba al Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé a establecer la seguridad de Kenscoff como prioridad nacional y a dotar al municipio de un plan sostenible. En el momento de su detención, Le Nouvelliste recordaba que «siempre había negado» estar en contacto con criminales.

Lo que exige el decreto electoral

El artículo 95 del decreto electoral del 2 de junio de 2026 establece, además de las condiciones previstas por la Constitución, trece condiciones para ser candidato a la diputación. Tres afectan directamente a este caso. El candidato no debe ser objeto de una orden de detención o de búsqueda emitida por una autoridad judicial o policial, a nivel nacional o internacional.
La decimotercera condición, por su parte, no le es aplicable: tras una verificación realizada el 17 de octubre de 2026 en el registro del comité creado por la resolución 2653, Alfredo Junior Antoine no es objeto de ninguna sanción del Consejo de Seguridad. Ser nombrado en el informe de un grupo de expertos y ser sancionado son dos cosas distintas, y la confusión entre ambas es precisamente lo que reprocha al informe.

Otro documento es un certificado negativo de antecedentes policiales expedido por la DCPJ: la misma institución que había emitido la orden de búsqueda contra él.

Cómo se registró un expediente con estos documentos, o si se hizo bajo reserva, el CEP no lo dice, y nada le obliga aún a decirlo: la verificación de los expedientes no ha comenzado, y será ella la que decida. En un pasaje dedicado a Artibonite y a otras personalidades, el informe señala que sus fuentes advirtieron: ante la proximidad de las elecciones, personas vinculadas a las bandas podrían explotar estos vínculos para movilizar apoyos, intimidar a rivales y desestabilizar el país.

Queda lo que no hemos podido establecer. No hemos obtenido copia del expediente presentado ante el CEP ni la lista de los documentos que contiene. No hemos podido determinar en qué estado se encuentra el procedimiento abierto tras la detención de abril de 2025, ni si un juez de instrucción está a cargo del mismo. El CEP no se ha pronunciado públicamente sobre la elegibilidad de las personas nombradas en el informe del Grupo de Expertos. Y ni el candidato ni Ansanm Nou Fò han publicado un programa para esta elección.